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La creciente litigiosidad laboral en Argentina representa un desafío significativo para la competitividad empresarial y la generación de empleo formal, sostiene el informe del IERAL de la Fundación Mediterránea titulado «Juicios laborales por riesgos del trabajo en alza: el costo oculto para el empleo», presidida por María Pía Astori.
«Este fenómeno incrementa los costos de contratación, desincentiva la inversión y limita el desarrollo de sectores productivos clave. La falta de previsibilidad normativa y la evolución fragmentada del sistema legal laboral, con criterios jurisprudenciales dispares, fomentan una tendencia al conflicto judicial», resume el informe.
Para revertir esta situación, sostiene que es esencial una reforma integral que equilibre la protección de los derechos de los trabajadores con un marco legal claro y transparente para las empresas.
Tras la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo en 2017, las demandas laborales disminuyeron de 130.678 en 2017 a 44.586 en 2020.
Sin embargo, hacia finales de 2024, las demandas laborales superaron las 125.000, evidenciando una reactivación de la «industria del juicio».
«Esta situación se atribuye a la aplicación desigual de la normativa en distintas jurisdicciones, la falta de criterios uniformes en la resolución de conflictos y la persistencia de incentivos económicos que promueven la judicialización», concluye en escrito del IERAL.
Comparando internacionalmente, Argentina presenta una tasa de 114,2 litigios por accidentes laborales por cada 10.000 trabajadores, mientras que España y Chile registran 9,5 y 5,8, respectivamente.
Esta disparidad sugiere que, aunque la siniestralidad laboral es similar, en Argentina los conflictos se judicializan con mayor frecuencia.
Factores como la falta de uniformidad en la interpretación de la normativa laboral y mecanismos de actualización de pasivos judiciales que encarecen las indemnizaciones contribuyen a esta situación.
La ausencia de cuerpos médicos forenses especializados en la mayoría de las provincias es otro factor que impulsa la litigiosidad. Aunque la reforma de 2017 incentivó la creación de equipos de peritos especializados y el paso obligatorio por comisiones médicas antes de iniciar un juicio, «pocas provincias implementaron estas medidas. Esto ha llevado a fallos contradictorios y ha incrementado la judicialización de conflictos laborales», acota el escrito.
Además, sostiene que la ausencia de costos para el litigante en casos desestimados y la forma en que se remunera a los peritos judiciales, cuyos honorarios dependen de un porcentaje de la indemnización otorgada, generan incentivos para la presentación de reclamos sin fundamentos sólidos y la sobrestimación de los daños.
«Estas distorsiones afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del empleo formal en el país, y limitan su capacidad de crecimiento y contribución al desarrollo regional», profundiza.
Para lograr un crecimiento sostenido y una generación genuina de empleo formal, indica que es imprescindible reducir los niveles de litigiosidad laboral y establecer un marco normativo predecible.
La reciente reglamentación de los Títulos IV y V de la Ley de Bases (27.742), referidos a la Promoción del Empleo Registrado y la Modernización Laboral, representa un «paso en la dirección correcta».
«No obstante, se requiere avanzar en una reforma integral que equilibre la protección de los derechos de los trabajadores con un marco legal claro y transparente para las empresas, minimizando los incentivos que promuevan la judicialización innecesaria», concluye el el IERAL de la Fundación Mediterránea. –
