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La prohibición de despidos y la doble indemnización fueron un intento de sostener el empleo. Sin embargo, estas regulaciones constituyeron un incentivo negativo para las MiPyME, según una encuesta de la Fundación Observatorio PyME (FOP).
El 72% de las MiPyME se ve afectada negativamente por la normativa que establece la prohibición de despidos y la doble indemnización.
Además, un 38% de esas empresas se ve afectada por la dificultad de reestructurar el propio personal y, en similar proporción, un 34% por la dificultad de contratación de nuevo personal.
La FOP investigó la evaluación que hacen las empresas de las regulaciones actualmente existentes en el mercado laboral en materia de despidos a través de un relevamiento a 1025 MiPyMEs de hasta 800 ocupados de todo el país de los sectores de Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería; Comercio, Construcción, Industria Manufacturera, y Servicios profesionales y de la producción.
El estudio demuestra también que la mayoría de las empresas que se ven dificultadas para la reestructuración (67%) tienen a parte o a todo su personal inactivo, esto debido al cumplimiento de los protocolos y restricciones impuestas por la pandemia.
«La demanda de un proceso de reestructuración por parte de estas empresas se debe a que la inactividad del personal genera mayores costos de producción, que no todas ellas pueden compensar con aumentos de productividad de la mano de obra, sin implementar importantes cambios en su esquema tecno-organizativo», argumenta el informe.
Si bien la dificultad de reestructuración tiene mayor difusión en el segmento empresarial de medianas-grandes (54%), la proporción es también significativa entre las firmas medianas (46%) y las pequeñas (42%).
Los datos relevados por FOP muestran además una relación entre capacidad ociosa y necesidad de reestructuración del personal.
Entre las empresas totalmente operativas, las dificultades para reestructurar y para contratar personal están difundidas prácticamente por igual (36% y 35%, respectivamente).
En cambio, la dificultad para la reestructuración del propio personal es más citada por aquellas firmas que están en una situación de parcial operatividad (44%), es decir por debajo de su capacidad de producción.
Desde el punto de vista sectorial, se observa que las MiPyME del sector manufacturero (43%) presentan mayores complicaciones en relación con la dificultad de reestructurar personal propio, mientras que el impacto negativo sobre la posibilidad de contratar nuevo personal está más difundido entre las MiPyME del sector del agro y los recursos naturales (41%).
«Las relativamente menos afectadas por la normativa son las microempresas, compuestas básicamente por empresas unipersonales y monotributistas, es decir, empleadores sin prácticamente personal inactivo. Aun así, el 60% de ellas se vio afectada negativamente por la normativa, ya sea con dificultad para reestructurar (28%) o para contratar personal (32%)», concluye el informe.-
